Respuesta del secretario de la Universidad de Carabobo, profesor Pablo Aure a la rectora profesora Jessy Divo

 Declaración Pública del Secretario de la Universidad de Carabobo, Dr. Pablo Aure

 

Valencia, 4 de octubre de 2025.

Estimada comunidad universitaria, trabajadores, estudiantes, profesores y pueblo venezolano:

En un momento crítico para nuestra Universidad de Carabobo (UC), institución centenaria que ha sido baluarte de autonomía, pluralidad y compromiso social, me dirijo a ustedes para responder a las acusaciones falaces y las decisiones arbitrarias promovidas por la rectora Jessy Divo de Romero y un Consejo Universitario (CU) dominado por una mayoría circunstancial de decanos no electos. Las declaraciones publicadas el pasado viernes (3/10/2025) en las cuentas oficiales de la UC, que solo reflejan la línea rectoral, no solo tergiversan la verdad, sino que buscan silenciar mi voz como autoridad electa en el mismo proceso democrático que la rectora, con el mismo mandato y legitimidad. Publicaré esta respuesta en mis redes sociales, ya que las plataformas institucionales de la UC han sido secuestradas para servir a una sola visión, negando la pluralidad que nos define. Invito a todos los que lean estas líneas a compartirlas en sus redes sociales, para que la verdad y nuestra lucha por el rescate de la academia lleguen a cada rincón de Venezuela. 

Con argumentos jurídicos y políticos sólidos, desmonto las imputaciones en mi contra y la reciente reforma al Estatuto del Estudiante Universitario aprobada en primera discusión el 3 de octubre de 2025. Esta no es una disputa personal, sino una defensa del espíritu universitario: crítico, plural y al servicio del pueblo.

 1.     Ataques personales para silenciar la disidencia: Una falacia ad hominem

Se me acusa de "vilipendiar" a la rectora y los decanos, "subvertir el orden" en redes sociales y exponerlos a agresiones. Estas afirmaciones no solo carecen de evidencia, sino que constituyen un ataque ad hominem para deslegitimar mi crítica legítima.

Jurídicamente: El artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) protege la libertad de expresión, salvo incitación explícita a la violencia, algo ausente en mis publicaciones, que se limitan a cuestionar políticas institucionales. Denunciar irregularidades, como hice con el Reglamento de Ingresos Propios, es un derecho de fiscalización ciudadana y universitaria (artículo 141 CRBV). La Sala Político-Administrativa del TSJ, en sentencia N° 0347 del 28 de julio de 2022, admitió mi demanda y suspendió dicho Reglamento por violar la gratuidad educativa (artículo 103 CRBV), confirmando la validez de mi acción. Llamarme "destemplado" o insinuar conductas fascistas no refuta mis argumentos; los evade.

Políticamente: En el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, la rectora se presentó como portavoz de "los universitarios", ignorando la pluralidad de la UC. Mi respuesta pública —que no hablaba en mi nombre ni en el de miles— fue un ejercicio de autonomía universitaria (artículo 109 CRBV), que consagra la diversidad ideológica. Tildar mi disidencia como "no propia de un universitario" contradice la historia de la UC, forjada en el pensamiento crítico. El desprecio que la rectora enfrenta no lo he generado yo; lo ha cultivado su subordinación a agendas ajenas al sentir universitario, evidenciada en su alineación con posturas que el pueblo venezolano, hastiado de oportunismos, rechaza con indignación.

 2.     Cursos introductorios y gratuidad: Un principio constitucional no negociable.

Se me reprocha haber "tergiversado" los cursos introductorios y cuestionado el Reglamento de Ingresos Propios. Lejos de tergiversar, mi acción defendió un derecho fundamental.

Jurídicamente: El artículo 103 CRBV garantiza la educación gratuita hasta el pregrado en instituciones públicas. Cobrar por cursos introductorios, como preveía el Reglamento suspendido por el TSJ, convierte el acceso a la UC en un privilegio económico, violando la igualdad de oportunidades. Mi demanda no fue contra los cursos como modalidad de ingreso, sino contra su cobro, un principio que el TSJ respaldó al suspender la "Tabla Única de Bienes y Servicios". La rectora alega transparencia en los ingresos, pero la opacidad de las Fundaciones adscritas a la UC, que acumulan recursos sin redistribuirlos equitativamente, contradice el artículo 141 CRBV.

Políticamente: En un país donde el 80% de los jóvenes enfrentan barreras económicas para estudiar (UNESCO, 2023), cualquier cobro es un retroceso. He exigido mejoras socioeconómicas para nuestros trabajadores, como bonos complementarios aprobados en asamblea el 8 de julio de 2025. La rectora lo califica de "populista". ¿Es populista exigir salarios dignos y un Seguro HCM? No: es justicia social, un deber ético de la UC frente a la precariedad que sufren nuestros compañeros.

3.     Reforma al Estatuto: Un golpe a la institucionalidad y la pluralidad.

El CU, con una mayoría ilegítima de decanos designados, aprobó en primera discusión una reforma al Estatuto del Estudiante Universitario que mutila las competencias de la Secretaría en inscripciones y actos de grado, y cuestionando mi rol en graduaciones por Secretaría, que siempre he garantizado la eficiencia.

Jurídicamente: Esta reforma irrespeta la autonomía de órganos electos. El Estatuto (Gaceta Oficial N° 632, 2005) asigna a la Secretaría la fiscalización de admisiones y actos de grado como garante de equidad. Suprimir estas funciones, motivada por "diferencias políticas", ignora mi mandato otorgado por el claustro universitario y el artículo 109 CRBV. 

Políticamente: La rectora, que en el CU afirmó "el poder es para ejercerlo", usa una mayoría circunstancial para centralizar el control y silenciar la disidencia. Esto no fortalece la UC; la debilita, alejándola de su misión de liderazgo ético en un país que clama por una academia soberana. La UC no es un coto de poder; es un faro de transformación.

Conclusión: Una UC libre, plural y al servicio de Venezuela

Señora rectora, miembros del CU: el desprecio que enfrentan no nace de mis críticas, sino de su insistencia en priorizar el control sobre el diálogo, la opacidad sobre la transparencia y la sumisión ideológica sobre la autonomía. En un momento en que Venezuela rechaza el acomodo y exige una academia valiente, les exhorto a retractarse de estas acusaciones y dejar sin efecto la reforma al Estatuto del Estudiante de la Universidad de Carabobo. 

Propongo un diálogo público en el Consejo Universitario, con veeduría de la comunidad, para abordar la gratuidad, los ingresos propios y las mejoras laborales.

A la comunidad ucista y al pueblo venezolano: los convoco a defender nuestra universidad. Compartan esta declaración en sus redes sociales para que la verdad prevalezca y juntos rescatemos la Universidad de Carabobo como bastión de libertad y justicia. "La educación es el principio del fin de todos los males". Que nuestra Universidad de Carabobo sea ese principio.

Por una universidad autónoma, democrática, plural, gratuita y siempre libre.

  

Dr. Pablo Aure

Secretario de la Universidad de Carabobo

Abogado, Magíster en Ciencias Penales, Doctor en Educación

Electo por el Claustro Universitario

Voto salvado Prof. Pablo Aure contra la opacidad en el manejo de recursos UC

Voto Salvado sobre la aprobación de la reforma estatutaria de la Fundación Teatro Dr. Alfredo Celis Pérez

Señora presidente y demás miembros del Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo._

En atención al punto planteado como “Proyecto de reforma de la directiva de la Fundación Teatro Dr. Alfredo Celis Pérez de la Universidad de Carabobo” (sic), que fue aprobado en la sesión del Consejo Universitario celebrada hoy 3 de octubre, dejo constancia de mi disconformidad con la decisión mayoritaria de este cuerpo colegiado, por lo cual salvo el voto, y lo fundamento en las siguientes razones:

En los últimos años, se ha evidenciado en la Universidad de Carabobo que ha proliferado la creación de Fundaciones destinadas a la gestión de ingresos, las cuales operan bajo un esquema que reduce significativamente los controles sobre el uso de los recursos; otorgándosele a sus directivos una discrecionalidad absoluta que genera serias dudas sobre la transparencia y equidad en la administración de dichos fondos.

Hemos constatado que este modelo, lejos de contribuir a la solución de los problemas colectivos de la comunidad universitaria, parece beneficiar principalmente a una élite administrativa, desatendiendo las necesidades prioritarias de los trabajadores. Es menester resaltar que la Fundación Teatro Dr. Alfredo Celis Pérez recibe significativos recursos económicos por el alquiler de sus espacios, lo cual se evidenció con suficiente claridad recientemente durante los meses de julio y agosto, épocas de graduaciones de diversas unidades educativas de Carabobo, así como de las propias ceremonias de graduación de nuestra alma mater. Resulta paradójico y, en cierto modo, un contrasentido, que los futuros egresados de la propia Universidad de Carabobo que los ha formado deban pagar a la Fundación para utilizar el auditorio el día de su graduación, sin que se observe una redistribución clara y transparente de estos ingresos en beneficio de la comunidad universitaria.

Uno de los problemas más críticos que enfrentan los trabajadores de la Universidad de Carabobo es el insuficiente nivel salarial, agravado por la ausencia de un seguro de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM). En este sentido, se ha planteado en reiteradas ocasiones la asignación de un bono complementario, con los recursos provenientes de los ingresos propios que generan las Fundaciones, así como también otras dependencias con Unidades Generadoras de Ingreso (UGI). Esta propuesta fue respaldada por la asamblea de trabajadores celebrada el 8 de julio de 2025 en el patio del rectorado. Por mandato de la referida asamblea, dicha propuesta fue elevada al Consejo Universitario pero lamentablemente fue desatendida e incluso retirada de la agenda por instrucciones de quien preside este cuerpo, lo que refleja una preocupante falta de prioridad hacia las necesidades de los trabajadores.

Por otra parte, considero inaceptable que los administradores de estas Fundaciones, quienes probablemente perciban dietas o primas, gocen de beneficios que contrastan abismalmente con los precarios salarios de los empleados, obreros y docentes, evidenciando una clara falta de equidad.

La administración pública debe regirse por los principios de transparencia, rendición de cuentas y justicia en la distribución de recursos (Art 141 CRBV). Sin embargo, en el caso de muchas de las Fundaciones adscritas a la Universidad de Carabobo, se percibe un preocupante oscurantismo en el manejo de los fondos, los cuales, no obstante estar sujetos a un control de los entes competentes, en la práctica esos controles suelen activarse luego de una denuncia formal.

Por lo anterior, abogo por una revisión exhaustiva del modelo de creación y funcionamiento de las Fundaciones vinculadas a la Universidad de Carabobo. Más aún, mientras sigan operando, propongo se publique periódicamente el estado financiero y evaluar la disolución de aquellas cuya existencia carece de justificación clara, ya que los recursos que administran deben ser gestionados directamente por la Universidad. Esto garantizaría un control más riguroso y una distribución equitativa de los fondos, priorizando el bienestar de la comunidad universitaria, especialmente de sus trabajadores, cuyos ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Lejos de cumplir con su propósito esencial de generar beneficios para la Universidad de Carabobo, muchas de estas fundaciones, incluida la Fundación Teatro Doctor Alfredo Celis Pérez, parecen diseñadas para favorecer a quienes las administran, invirtiendo así su función original. Los recursos que le ingresan como los provenientes del alquiler de espacios, que son cuantiosos, no se destinan a atender las necesidades urgentes para mejorar las condiciones laborales y beneficios socioeconómicos del personal universitario, sino que escapan a los controles adecuados, contraviniendo los principios de una gestión pública responsable.

Por las razones expuestas, salvo mi voto en contra de la aprobación del punto de la agenda relacionado con la Fundación Teatro Doctor Alfredo Celis Pérez, hasta que se revisen a fondo las políticas de creación, funcionamiento y fiscalización de las Fundaciones, y se garantice que los recursos gestionados, incluidos los generados por el alquiler de los espacios del teatro y otras actividades que generen ingresos, se destinen efectivamente al bienestar colectivo de la comunidad universitaria, con especial énfasis en las necesidades de los trabajadores.

En Valencia 3 de octubre de 2025.

Tragedia Salarial: un grito por la dignidad de la Universidad de Carabobo

La Tragedia Salarial de Profesores, Empleados y Obreros: Un Grito por la Dignidad de la UC

Como secretario de la Universidad de Carabobo, me veo obligado a expresar con profunda indignación la alarmante realidad salarial que enfrentan nuestros profesores, empleados y obreros a pocos días de reincorporarnos tras el receso vacacional. La precariedad económica en la que subsisten quienes sostienen la educación pública superior es un drama que no puede ni debe ser silenciado.

El contraste es abismal y doloroso. Mientras en la Universidad Central de Venezuela (UCV) un profesor titular apenas percibe entre 25 y 30 dólares mensuales, en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), una institución privada, los sueldos oscilan entre 400 y 2.000 dólares. Esta diferencia no solo refleja una crisis económica, sino una tragedia institucional; la depreciación del talento académico público es una afrenta a la dignidad profesional y a la misión misma de la universidad.

El sueldo promedio de los profesores en la Universidad de Carabobo es aún más dramático: apenas 3.70 dólares más bonos, una cifra que raya en lo insultante y que hace imposible cubrir necesidades básicas como alimentación, medicinas o educación para sus familias. Este hecho se agrava cuando la propia administración universitaria, en lugar de buscar soluciones y diálogo genuino, desestima propuestas justas y necesarias para aliviar esta situación. La negativa a aprobar un bono complementario financiado con recursos propios de la universidad, producto del trabajo colectivo y legítimo de los trabajadores, muestra un uso autoritario de las instancias de decisión y una desconexión absoluta con la realidad vivida por el personal académico y administrativo.

¿Cómo se puede hablar de paz, soberanía y pluralidad, cuando en el seno de nuestra universidad reina la opacidad, la intolerancia y la represión? La disidencia es silenciada, los trabajadores destituidos por cuestionar la gestión, y la autonomía institucional vulnerada. La retórica oficial se desvanece frente a la evidencia de un sistema que oprime a sus propios miembros y que ignora el clamor por justicia y condiciones dignas.

Recordemos que la universidad pública fue, en tiempos no tan lejanos, un bastión de prestigio y calidad, con profesores que recibían salarios superiores incluso a los de las empresas petroleras. Esto fue posible gracias a gobiernos comprometidos, rectores valientes y gremios fuertes. Hoy, esa historia parece un espejismo. La desidia, la falta de voluntad política y el abandono institucional han condenado a nuestros educadores a la miseria.

Este no es solo un asunto económico, es una tragedia moral y social. La Universidad de Carabobo, con su legado centenario, merece una gestión que honre su historia y dignifique a sus trabajadores. No podemos permitir que los futuros profesionales se formen en la precariedad y el silencio. La defensa de la educación pública, la autonomía universitaria y el respeto al talento académico deben ser nuestra bandera.

Profundicemos en el compromiso con la transparencia, el diálogo y la justicia social. Exigimos un cambio urgente, no solo en los salarios sino en la cultura institucional que hoy margina y humilla a quienes construyen el conocimiento y forman ciudadanos críticos.

¡Basta de indiferencia! Es hora de reconocer que sin profesores dignamente remunerados no hay universidad ni futuro para Venezuela.

Prof. Pablo Aure

Secretario Universidad de Carabobo

Sábado, 20 de septiembre de 2025

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El contraste entre el discurso de paz y la realidad de la Universidad de Carabobo/Pablo Aure

La participación de la rectora de la Universidad

de Carabobo en el Consejo Nacional sobre la Paz y la Soberanía ha desatado una avalancha de críticas en las redes sociales, reflejando el profundo desencanto de la comunidad universitaria y de un país que no se siente representado por sus palabras. Hablar de pluralidad y reencuentro en un foro nacional, mientras la gestión rectoral y la realidad nacional contradicen esos ideales, es un ejercicio de incoherencia que no puede ignorarse. La rectora presentó un discurso que no solo está desconectado del sentir de la Universidad de Carabobo, sino que tampoco responde a las demandas de una nación que clama por verdad, justicia y respeto a la autonomía de los poderes. Una de las grandes causas de la falta de paz en Venezuela no son los barcos en las costas ni las acusaciones externas, como las de Estados Unidos, sino la opacidad que persiste hasta hoy, 20 de septiembre de 2025, sobre la verdad de lo ocurrido en las mesas electorales del 28 de julio del año pasado. La ausencia de un pronunciamiento oficial y transparente con el aporte de los verdaderos resultados electorales por parte de los entes responsables ha profundizado la intranquilidad y la desconfianza en el país. Hablar de soberanía mientras se evade esta verdad esencial es un contrasentido que deslegitima cualquier discurso de paz. Una universidad como la UC, con su legado centenario, debería ser una voz firme exigiendo claridad y justicia, no un eco de narrativas que eluden las demandas populares. En la Universidad de Carabobo, la gestión de la rectora refleja una intolerancia hacia la disidencia que contradice cualquier retórica de pluralidad. Un ejemplo evidente es la asamblea de trabajadores del 8 de julio en el patio del rectorado, donde se acordó solicitar al Consejo Universitario un bono complementario financiado con los ingresos propios de la institución, provenientes de los innumerables cursos (que se realizan y se cobran con el aval de la UC) , matrículas de pre y postgrados, alquileres de inmuebles como el teatro Dr Alfredo Celis Pérez, Cine Patio Trigal, concesiones de espacios a academias deportivas y otras actividades. Esta propuesta fue desestimada con argumentos arbitrarios y excluida de la agenda del Consejo, presidido precisamente por la rectora. Este acto no solo evidencia una falta de diálogo, sino un uso autoritario del Consejo Universitario, que opera de manera similar a la Asamblea Nacional: sin debates genuinos, imponiendo decisiones a través de mayorías circunstanciales, incluyendo el voto de cuatro decanos designados y no electos, lo que compromete la legitimidad y la representatividad de las decisiones. ¿Cómo se puede hablar de paz cuando los trabajadores universitarios sobreviven con sueldos insuficientes para alimentación, medicinas o necesidades médicas básicas? La rectora conoce esta crisis, pero su gestión no ha priorizado soluciones que dignifiquen a quienes sostienen la institución. ¿Cómo abogar por la soberanía nacional cuando no se respeta la autonomía institucional, un pilar esencial de una universidad libre? Más aún, ¿cómo representar a una institución como la UC en un foro sobre paz, mientras en el país cientos de ciudadanos permanecen en las mazmorras de un sistema que utiliza la persecución para silenciar a la disidencia? Esta realidad se replica en la universidad, donde empleados han sido destituidos por no alinearse con la gestión rectoral, mientras se premia a quienes, a pesar de cuestionables manejos de recursos, apoyan la línea oficial. Esta práctica, que recuerda al “derecho penal del enemigo”, reprime a los opositores y favorece a los afines, sin importar su conducta. El país reclama libertad para los presos políticos, respeto a la autonomía de los poderes y un diálogo basado en la verdad, demandas discutidas en innumerables espacios. Una universidad con la fuerza histórica de la UC debería pronunciarse por la libertad y la pluralidad, no avalar discursos que ignoran la persecución y la opacidad. La rectora debe alinear sus acciones con sus palabras, promoviendo un Consejo Universitario democrático y una gestión que escuche a su comunidad. Solo con coherencia y compromiso real se podrá honrar el legado de la Universidad de Carabobo y responder al clamor de un país que exige justicia, transparencia y libertad.

Prof. Pablo Aure

Secretario UC

IG @pabloaure

X  @pabloaure

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Análisis jurídico ataque con misil a peñero @pabloaure

Este análisis lo hice para mis alumnos de Teoría de la Moral, que imparto en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo. Lo hice como docente y no como militante de alguna organización política (que no lo soy) es decir, lo hice sin tomar partido en ideología alguna, 

ni preferencias gubernamentales. Quise hablar de este tema con mis alumnos de Derecho de la

Universidad de Carabobo

Ataque con misil a peñero en aguas internacionales (Pablo Aure) 

Pablo Aure análisis situación aguas internacionales

Presentación

Respuesta al Comunicado UC/ Secretismo de la data inscritos Cursos Introductorios

La opacidad en la Universidad de Carabobo, una afrenta a la transparencia y la gratuidad
educativa

La situación que atraviesa la Universidad de Carabobo (UC) respecto al manejo de los datos de los inscritos en el curso introductorio de admisión refleja un preocupante oscurantismo que compromete los principios de transparencia, legalidad y equidad que deben regir a una institución pública de educación superior. 

La Secretaría de la UC, como ente rector de los procesos de admisión, tiene la responsabilidad legal y estatutaria de resguardar y gestionar toda la información relacionada con los aspirantes en todas sus etapas, desde su pretensión a ingresar hasta su ingreso definitivo inclusive hasta después de la culminación de sus estudios (no en vano resguardamos los archivos de miles de bachilleres y profesionales ( es la que expide las certificaciones). Sin embargo, la decisión propuesta por el decano de Ciencias Jurídicas y Políticas y avalada por acuerdos informales en plataformas como WhatsApp, de reservarse los datos de los inscritos bajo el argumento de proteger la identidad de menores de edad, según la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA), es una excusa insostenible que no resiste el menor análisis. Esta práctica, respaldada por comunicados firmados por la rectora, no solo constituye una burla a la inteligencia de la comunidad universitaria y del público en general, sino que también vulnera el principio de transparencia que debe caracterizar los procesos de admisión en una universidad pública. La Secretaría, como garante de los archivos institucionales, está plenamente autorizada para manejar esta información. Negar el acceso a los datos de los inscritos no solo contraviene los procedimientos establecidos, sino que también levanta sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de este secretismo. ¿Qué se busca ocultar? La respuesta parece clara: no se trata de proteger nombres, sino de encubrir el número exacto de aspirantes y, por ende, las cuantiosas sumas de dinero recaudadas, en muchos casos en divisas y en efectivo, por el cobro de inscripciones que oscilan entre 80 y 100 dólares por aspirante. Estas cifras, multiplicadas por miles de inscritos, generan ingresos significativos que, lejos de destinarse a mejoras sustanciales en la infraestructura o condiciones laborales, son justificadas con argumentos tan débiles como la reparación de grifos, pintura de alguna pared o la limpieza de baños. Con el ingreso de apenas tres aspirantes, los montos recaudados serían suficientes para cubrir tales gastos, lo que pone en evidencia la falta de claridad en el uso de estos recursos. Esta opacidad no solo es éticamente cuestionable, sino que también contraviene el mandato constitucional de gratuidad de la educación pública, consagrado en el Artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en múltiples sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y resoluciones del  Consejo Nacional de Universidades (CNU). El cobro de aranceles por cursos introductorios, que en algunos casos alcanzan los 100 dólares, representa una barrera económica que excluye a numerosos bachilleres de escasos recursos, quienes ven frustrado su derecho a acceder a la educación superior. Es imperativo cuestionar la legitimidad de esta modalidad de ingreso, que privilegia el poder adquisitivo sobre el mérito académico. Los cursos introductorios, lejos de ser una vía equitativa, se han convertido en un mecanismo excluyente que contradice el espíritu de una universidad pública. La admisión debería basarse en los méritos acumulados durante el bachillerato, reflejando el esfuerzo sostenido de los estudiantes a lo largo de cinco años, y no en la capacidad de costear un curso de algunas semanas (y muchas veces por internet) con precios exorbitantes. Esta práctica no solo es inconstitucional, sino que perpetúa la desigualdad y desvirtúa el propósito de la UC como institución sin fines de lucro y al servicio de la sociedad. A esta grave situación se suma el olvido deliberado hacia los trabajadores de la universidad, quienes enfrentan condiciones de precariedad extrema. Mientras algunas autoridades recaudan sumas considerables por actividades propias de la institución, los empleados, tanto obreros como administrativos y docentes, carecen de remuneraciones dignas, en un contexto donde los salarios no superan los 10 dólares mensuales. Esta indolencia es inaceptable y refleja una gestión que prioriza intereses particulares sobre el bienestar de la comunidad universitaria. Ningún comunicado oficial ni maniobras en el Consejo Universitario podrán ocultar esta realidad. La lucha por una Universidad de Carabobo transparente, inclusiva y comprometida con la excelencia académica y el bienestar de sus trabajadores debe ser inquebrantable. Es hora de abolir prácticas que violan el derecho a la educación gratuita, de garantizar la transparencia en la gestión de los recursos y de colocar a los trabajadores y la calidad académica como verdaderos pilares de la institución. La comunidad universitaria y la sociedad en general merecen una UC que honre su legado y su compromiso con la formación de las futuras generaciones.

Con compromiso universitario._

Prof. Pablo Aure

Secretario UC

Aspirantes a ingresar a la UC "Cursos introductorios"

https://forms.gle/iqMCBzDMumvUbHBb6 

https://youtube.com/shorts/UEFDfTTeCOE?si=5e8oCnltsIALgEac

🚨 Información importante a todos los aspirantes a ingresar a la Universidad de Carabobo bajo las modalidades de Cursos Introductorios y Méritos Académicos B: es fundamental que completen y sigan cuidadosamente el instructivo oficial elaborado por la Secretaría de la UC, ente rector de los procesos de admisión. 

Asegúrense de llenar correctamente cada uno de los datos solicitados👇

https://forms.gle/iqMCBzDMumvUbHBb6

¡Tu futuro en la UC comienza aquí!

Comunicado Oficial

Secretaría de la Universidad de Carabobo.  

Considerando

Que en cinco de las siete facultades de la Universidad de Carabobo se ofrecen los Cursos Introductorios como una modalidad de ingreso a nuestra casa de estudios.  

Considerando

Que la Secretaría de la Universidad de Carabobo, en su calidad de órgano rector de los procesos de admisión, ha solicitado en reiteradas oportunidades a las facultades que imparten los Cursos Introductorios el número de inscritos y los datos de los aspirantes, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.  

Considerando

Que, conforme al artículo 19 del Estatuto del Estudiante de la Universidad de Carabobo, la Secretaría tiene la responsabilidad de ejercer la fiscalización, control y supervisión de los procesos de admisión, garantizando su transparencia y legalidad.  

          Acuerda

Primero._ La Secretaría de la Universidad de Carabobo ha elaborado un instructivo que todos los aspirantes inscritos en los Cursos Introductorios deberán completar de manera obligatoria.  

https://forms.gle/iqMCBzDMumvUbHBb6

Segundo._ Las facultades que ofrecen esta modalidad de ingreso deben remitir, a la brevedad posible, la información solicitada sobre el número de inscritos y los datos de los aspirantes, a fin de cumplir con las disposiciones establecidas.  

Tercero._ Se exhorta a las facultades a colaborar con la Secretaría para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y la correcta ejecución de los procesos de admisión.

En Valencia a los 21 dias de agosto de 2025

Prof. Pablo Aure

Secretario de la Universidad de Carabobo